Siguiendo con nuestra gestión de refrescarle la memoria a esta opinión olvidadiza, continuamos trayendo a cuento las maromas de la familia del expresidente
César Gaviria Trujillo, en la época de su mandato. Todos los hechos que se están
destapando en el momento con motivo de la campaña reeleccionista de Juan Manuel
Santos, son resabios y mañas que los partidos tradicionales Liberal y Conservador
usan como vieja práctica para perpetuarse en el poder. César Gaviria no tuvo
empacho para favorecer a su esposa, hermanos y su panda de consentidos; pasó por encima de las normas y de la mismísima
Constitución del 91 que acababa de crear. Como siempre reproducimos esta
investigación aparecida en el periódico Tribuna Roja No. 54 de Septiembre de 1993.
No hace falta remontarse a los mitológicos saqueos del
erario por parte de los dictadores militares para saber que en América Latina,
por lo general, muchos presidentes llegan al poder sin un centavo y salen,
junto con sus familias y cortesanos, convertidos en multimillonarios. La nueva
generación neoliberal brinda abundantes ejemplos. En Brasil, Fernando Collor de
Melo fue destituido por el congreso tras comprobársele gigantescos negociados
al amparo del aparato estatal. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez se ve
igualmente forzado a abandonar el cargo acusado de corrupción. Alan García
tiene que salir a la carrera del Perú a causa de las investigaciones judiciales
sobre su enriquecimiento personal; su sucesor, Alberto Fujimori, tampoco está
exento de sindicaciones sobre malos manejos del presupuesto, mientras su esposa
repartió a su antojo y según sus conveniencias políticas algunas donaciones
internacionales de solidaridad. En Argentina, Carlos Menem coacciona a los
jueces para encubrir las graves denuncias sobre lavado de dólares del
narcotráfico por parte de su cuñada, Amira Yoma, quien además era jefa de
audiencias de la presidencia.
En nuestro país aún está vivo el recuerdo del "Hijo del
Ejecutivo", Alfonso López Michelsen, por causa de cuyos negocios su padre
tuvo que renunciar a la presidencia de la República, cuando Jorge Eliécer
Gaitán señalara que a él y a varios funcionarios afectos al primer mandatario
se les veía "la punta del cheque de la Handel en el bolsillo". Los
más recientes vástagos de la familia siguieron el ejemplo, como se recordará,
con la rentable "Hacienda La Libertad". Y si bien se podrían
suministrar numerosos ejemplos, el del presente gobierno resulta harto
ilustrativo.
En lo que va corrido de este año los colombianos han
seguido, semana tras semana, las revelaciones del Veedor del tesoro, nombrado
para preservar los dineros públicos de las prácticas del clientelismo
electoral; las réplicas, las contrarréplicas, la sanción impuesta al
funcionario por el Consejo Superior de la Judicatura, el levantamiento de la
misma, sus nuevas denuncias. Los más diversos medios de comunicación han
difundido datos sorprendentes acerca de los múltiples negocios sobre los cuales
se abalanzó la familia presidencial desde el momento mismo en que fuera elegido
César Gaviria Trujillo. Uno de sus hermanos se ha enriquecido con pasmosa
rapidez, cubriendo fuentes de ganancias tan variadas como la construcción, el
turismo, los tratos con Terpel o la industria siderúrgica; el otro promueve una
revista generosamente financiada por empresas del Estado; la primera dama, Ana
Milena Muñoz de Gaviria, desconoce el Icetex y funda otro organismo para
entregar becas según su voluntad, Colfuturo, cuya junta directiva resulta
designada como vitalicia para perpetuar la clientela de los beneficiarios; el
cuñado de la misma Ana Milena se hace a una sospechosa indemnización oficial y
el propio presidente, en fin, se arroga el derecho de repartir los fondos de
los nuevos institutos y administra las entregas directas de varias tajadas del
ponqué presupuestal.
La educación, otro
pretexto para desfalcar
El Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, encabezado por el entonces
secretario general, Fabio Villegas, dio a la luz, mediante decreto expedido por
la alcaldía mayor de Bogotá, la Fundación para el Futuro de Colombia,
Colfuturo, el 20 de noviembre de 1991. Para el efecto solicitó, el aporte de
recursos en grande escala de las empresas descentralizadas del Estado.
Se colocó a Ana Milena de Gaviria, la ejecutiva del
Ejecutivo, como responsable de la nueva entidad, con el fin de que no saliera
de las manos presidenciales el manejo de los auxilios previstos. Se creó a
continuación el Consejo de Fundadores integrado por los principales grupos de
la gran burguesía, entre cuyos representantes se encuentran Luis Carlos
Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, Carlos Pacheco Devia, Ricardo
Villaveces, Augusto López Valencia, etc. Además, estos próceres fueron
nombrados a perpetuidad. No es difícil deducir que se pretende también
consolidar el aparato ideológico y político del sistema, brindándole a un
selecto número de egresados universitarios sendas becas para que sean
preparados por las academias del imperialismo.
Colfuturo fue creada como una entidad, privada, a pesar que
sus consejeros intenten hacer creer que es de naturaleza mixta, figura que no
se contempla en la nueva Constitución. Y por lo tanto, los institutos
descentralizados no pueden otorgarle recursos, en forma de donaciones o
auxilios.
Los dineros entregados en primera instancia se discriminaron
así: la Presidencia se hizo presente con ocho millones de dólares; a lo cual
agregó 312 millones de pesos. A su turno, la FEN y Ecopetrol participaron con 1
y 2 millones de dólares, respectivamente. En total, los recursos tan
"arduamente" obtenidos por Ana Milena de Gaviria alcanzaron una suma
multimillonaria. Y al veedor le correspondió alborotar el avispero.
Al reseñar los entresijos de la creación de Colfuturo, lo
primero que hizo fue circunscribirlos dentro de la danza de los despilfarros
que ameniza los salones de la Presidencia de la República. Se refirió a los 69
mil millones de pesos de que dispone a su amaño el primer mandatario desde
septiembre de 1992. Por su lado, la Procuraduría abrió pliego de cargos contra nueve
altos funcionarios por las dadivosas donaciones a la tan socorrida asociación
de doña Ana, incluido a Fabio Villegas, actual Ministro de Gobierno. Y pidió a
la Fiscalía General abrir investigación al respecto. Sólo que una semana
después, el mismo funcionario, sin más ni más, intentó cambiarle el rumbo a los
acontecimientos y salvar a los Gaviria. Adujo que Colfuturo estaba siendo
aprovechada por los políticos como campo de batalla, cuando los recursos se
habían manejado de manera transparente y pulcra.
El caso desató un torrente de sindicaciones. El Espectador,
por ejemplo, aludió al "duro lenguaje" empleado por Llorente y Marín
Bernal. Este "calificó de extraño el silencio del presidente Gaviria sobre
los hechos mencionados," Y aquél dijo que la Primera Dama "es la
presidenta de una fundación que administra en forma alegre el tesoro de los
Gaviria." Y el columnista de El Tiempo, D’Artagnan, cita como correcta la
actitud de los directivos de Telecom, que hablaron de "la imposibilidad legal
de contribuir a la constitución de Colfuturo." E inquiere: “¿No habría
podido la oficina jurídica de Palacio advertir acerca de la existencia de estas
limitaciones para evitar ciertas ligerezas?” Las pruebas son más que
suficientes. La impunidad encubre la defraudación. Pero tarde que temprano, el
pueblo enjuiciará a sus desfalcadores.
Los hermanitos de
Gaviria se divierten en la feria.
La caliginosa trayectoria del arquitecto Juan Carlos Gaviria
como merodeador de las dependencias del Estado data de los días no distantes de
la administración Barco, cuando su carnal iniciaba el inesperado e inexplicable
ascenso hacia el Poder. Desde entonces corría a su cargo uno que otro boceto
público, hasta que cayó en el fiasco del malogrado parador turístico de
Cerritos, una obrilla financiada por Corturismo, y cuya deuda todavía hace
parte de los pasivos suyos. Se conoce de autos que en el pago de la obligación
aparecen ostensibles la morosidad y la negligencia del acreedor. Esto no
resulta raro, pues la vocería presidencial en tal instituto le ha correspondido
a la señora Diola Gallo, connotado miembro del grupo íntimo de la familia
Gaviria y en especial de la Primera Dama.
Sin embargo, a los colombianos los impresiona
la enorme actividad edificadora que actualmente despliega el doctor Juan
Carlos. “Todo está normal”, “cualquier arquitecto tiene derecho” “se halla
contribuyendo con la vivienda social...”, arguyen en favor de aquél los áulicos
de oficio, tratando de demeritar las justas acusaciones, por tráfico de
influencias. Nueve mil millones de pesos en subsidios percibidos a través del
Inurbe, hablan por sí solos. Pero las anormalidades no paran ahí. Fuera de
disfrutar de la tranquilidad -no de conciencia- que le proporciona el
convencimiento de que todas y cada una de sus "soluciones"
presentadas cuenta con el beneplácito de aquella entidad, abriéndole el
panorama de jugosos negocios y eliminándole cuanto riesgo exista, los préstamos
le han permitido al ávido doctor convertirse en un próspero industrial de
materiales para la construcción.
Desde un principio se conocieron los sesgos de sus mañas.
Con un ingenioso diseño que se sustenta fundamentalmente en dos tejas de
asbesto cemento, cuatro muros y sólo calles interiores peatonales, montó para
los factibles beneficiarios sus generosos planes de estafa social. En la oferta
de sus conjuntos populares y en los contratos de los créditos que recibió
estaba incluido, desde luego, el costo de los servicios básicos; pero a la hora
de nona se lo recargaba a los usuarios, cual lo criticó la misma procuraduría.
Ya en su urbanización bandera, Bosques de la Acuarela, en Desquebradas,
Risaralda, se vislumbran las irregularidades. Hipotecó a Ahorramás, en junio de
1991, etapas del proyecto por un monto de 585 millones de pesos, cuando había
pagado por los terrenos 42 millones. Y como reconocimiento de su avivatada lo
nombraron miembro suplente de la junta directiva; de la Corporación,
configurándose el hecho punible de que un integrante de ésta era a la vez un
cliente suyo. Con buen juicio decía hace poco El Nuevo Siglo que por tal
infracción "fueron procesados e incluso condenados en los años ochentas
numerosos jerarcas bancarios."
Dentro del rosario de los azarosos lances del hermanito
existen muchas cuentas por contar. Obtuvo una valiosa financiación del Banco
Central Hipotecario, comprometiéndose a invertir los dineros en vivienda para
pobres; no obstante, sin el menor escrúpulo, desvió el empréstito hacia un
programa de lujo en la isla de San Andrés. Se trata del apartahotel Morgan Bay,
de 18 cabañas y concluido en febrero de 1992. Cada una la vendió en setenta
millones. Cabe subrayar un grave antecedente. El banco le había negado el
crédito para semejante filón porque no era conveniente, puesto que, según la
petición inicial, las cabañas serían cedidas en arrendamiento, por temporadas,
y la cartera se convertiría de difícil recuperación. Los funcionarios del Banco
se saltaron a la torera sus propias objeciones y la pirueta se consumó. Al fin
y al cabo la definitiva estaba en las manos largas del gobierno.
El candidato conservador Rodrigo Marín Bernal y algunos
órganos de expresión denunciaron, hasta el cansancio, que la cifra total con
que Inurbe ha favorecido al emergente "zar del ladrillo" llega a los
35.000 millones, dejando relegados en el goce de tales provechos a consorcios
como, Colmena, Luis Carlos Sarmiento
Angulo, Compartir, Cafam, etc. Ante las evidencias, el implicado replicó: “Al
hermano del presidente también le puede ir bien”; y el presidente, a su turno:
"El gobierno ha sido y es el primer-interesado en que la lucha contra la
corrupción no sea apenas un propósito retórico, sino una verdadera
cruzada."
Pero la venturosa familia, por desgracia, tiene otro célebre
exponente que ya hizo sus pinitos en aquellos menesteres, el benjamín. Alejandro
Gaviria empezó no con el cemento sino con la tinta. Valiéndose de los cambios
gubernamentales ingresó, en calidad de socio honorario, a la Fundación Puntos
Suspensivos, un modesto centro, adonde llevó sus proposiciones y con cuyos
integrantes las cumplimentó, entre las cuales se destaca la revista Apertura Económica.
Luego tocó a las puertas de las covachuelas del régimen, de los amigos
colombianos, de los monopolios extranjeros y de los Estados vecinos, con el
objeto de pedir pautas publicitarias y ofrecer sus ediciones. Por ejemplo,
desplazó a los cercanos colaboradores hasta Arauca, tras la mira de venderles a
las autoridades de entonces de la intendencia la idea de imprimir un estudio
sobre los secretos ecológicos de la región. Por menos de mil ejemplares el
intendente pagó más de diez millones de pesos. Con El Espectador elaboró un
folleto, Colombia Precolombina. Una parte circuló como separatas dentro del
diario y la otra se la empotró al Ministerio de Educación.
También ha ejercido la asesoría en varias empresas estatales
sobre disímiles temas. Cuando un periodista lo cogió cortico preguntándole si
esto era cierto, respondió: “somos consultores.”
Nada de lo anterior sucede gratuitamente. Las comilonas de
la burguesía las cancela el país.
La intervención de los organismos de justicia
Las liviandades de la familia presidencial terminaron
comprometiéndola con los llamados organismos estatales de control, y entonces
la opinión pública pudo conocer lo que se cocinaba tras bambalinas. Primero fue
la denuncia que hizo el Veedor ante la Corte Suprema de Justicia contra el ex
ministro Humberto de la Calle Lombana y su subalterno Héctor Riveros, quienes
autorizaron el giro de auxilios por $ 13.988 millones en el semestre
inmediatamente posterior a la promulgación de la nueva Carta, la que los
prohíbe en forma explícita. Los dineros se destinaron a algunos barrios, a
través del Fondo de Desarrollo Comunal, y a las tesorerías municipales bajo el
rubro de “obras varias”. Pero el mayor volumen de recursos estuvo dirigido a
programas de becas, algo así como a la formación de los cuadros que tratarán de
perpetuar la ideología y la práctica de la dominación imperialista.
En el caso de Colfuturo también se dan las mismas anomalías
alrededor de los auxilios y donaciones. Al respecto, la Fiscalía General de la
Nación abrió investigación contra el secretario general de la Presidencia, hoy
ministro de Gobierno, Fabio Villegas; el gerente de Ecopetrol, Andrés Restrepo;
el ex ministro de Minas, Luis Fernando Vergara, y contra algunos funcionarios
de la Federación de Cafeteros y de la Financiera Eléctrica Nacional, por la
razón de habérsele traslado cerca de 12 millones de dólares a Colfuturo -porque
además de la Presidencia aportaron otras entidades oficiales-, con lo cual se
viola el Art. 355 de la Constitución. Conforme a esta norma, es prohibido a las
ramas del poder público efectuar transferencias pecuniarias en favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado, hecha la salvedad de los
contratos que pueda celebrar el gobierno con entidades privadas sin ánimo de
lucro, pero siempre y cuando estén acordes con los planes nacional o
seccionales de desarrollo. Así fueron cogidos in fraganti; pues Colfuturo fue creada cual entidad de
derecho privado, con personería jurídica reconocida según resolución del
alcalde de Bogotá del 27 de noviembre de 1991. Los 12 millones de dólares que
recibió no están vinculados a ningún Plan de Desarrollo que, como es de dominio
general, casi nunca ha sido aprobado, o ejecutado en Colombia.
La Presidencia tuvo que buscar una hoja de parra,
recurriendo a la argucia de que Colfuturo se trata de un fondo público y
privado a la vez, como ya se dijo.
Justo en ese momento, el Consejo Superior de la Judicatura
pidió la destitución del Veedor, aduciendo que en las investigaciones de
Colfuturo y los fondos del Icetex aquél había obrado con extralimitación de
funciones. El socorrido argumento dejaba ver a las claras la orientación que
quería dársele a toda la maniobra.
Sin embargo, los hechos han venido poniendo al desnudo el
tinglado de la farsa, ya que legalmente las fundaciones de doble carácter ya no
se permiten en Colombia. Sin otra alternativa, el Consejo de Estado, a
principios de junio, declaró la nulidad del Art. 3 del decreto 777 de 1992 con
el cual el Ejecutivo autorizaba la entrega de dineros a entidades privadas,
mediante la celebración de contratos. Según el fallo de la corporación, se
requería para ello, la vigencia del tan llevado y traído Plan Nacional de
Desarrollo.
Para sofrenar al locuaz e impertinente señor de la veeduría,
el Ejecutivo expidió el decreto 2093 de 1991, por medio del cual se le prohibía
a aquél congelar, antes de los tres meses previos a cada elección y sin permiso
del procurador, las partidas oficiales que pudieran caer en las arcas de las
campañas políticas. El Consejo de Estado, también sin otra alternativa, enterró
las susodichas normas. La providencia sostiene que la Carta Política no dice en
ninguna parte que sea necesaria la intervención de la Procuraduría ni le fija
límites en el tiempo a la gestión del Veedor.
Debido a sus descalabros, el gobierno echó mano del Consejo
Superior de la Judicatura para remover al Veedor, a quien había nombrado. Y
como siempre le sucedió, no tuvo otra alternativa que anular la destitución y
recoger las velas.
No sobra añadir que García Hurtado expuso, en una
conferencia del 22 de julio, que tampoco se sabía a donde iban a parar los
intereses que generan los recursos entregados por gobiernos extranjeros para
atender las catástrofes y que son puestos en contrato de fiducia. Igualmente,
sin otra alternativa concluyó: “Este es uno de los gobiernos más corruptos que
tiene América”.
De nuestra parte sostenemos que Gaviria y su panda se han
ganado un lugar en la picota de la historia.
