MÁS VALE UNA PALMA AFRICANA QUE LA VIDA DE UN OBRERO COLOMBIANO.

Más vale una palma africana que la vida de un obrero colombiano; fue el lema con el que la gran plantación de palma aceitera INDUPALMA inició labores en Colombia hace más de 50 años en la fértil región de San Alberto, Sur del Cesar.

Para apuntalar la firmeza  con que INDUPALMA quería avalar esta consigna, contrató los servicios  de una firma francesa pionera en el cultivo de la palma de aceite en el Congo, África. Épocas del colonialismo europeo  en el continente negro.

En momentos en que Colombia da un gran debate acerca de la bancarrota de los campesinos y luego de unas memorables jornadas de lucha por su parte, el gobierno trata de enredarlos comprometiéndolos en unas comisiones de diálogo de sordos,  para desmovilizar el movimiento popular.

Buscando bajarle tono a la pelea,  el Presidente ofrece una víctima propiciatoria en el altar de los sacrificios y le pide la renuncia a su ministro de agricultura. En su reemplazo nombra un hombre de la empresa privada y con mucha experiencia en los cultivos extensivos de palma africana y caucho; se trata del gerente de INDUPALMA.

Hacemos esta publicación sacada del periódico  Tribuna Roja No. 18 de Febrero de 1976, para que Colombia conozca de donde procede el nuevo Ministro de agricultura; procedencia  de la que tanto se deshizo en elogios su mandante el Presidente Santos.

Creemos que la estadía de Lizarralde el Ministro,  en INDUPALMA;  por una parte responde a las calidades clasistas del personaje que lo calificaron con generosidad para ejercer la dirección de esta empresa, y por la otra su completa sumisión a sus patrones en el arte de explotar de manera inmisericorde la mano de obra asalariada. Como que se inventó también un estilo truculento para timar a los pequeños propietarios de la región, haciéndolos copartícipes en unos negocios en los que INDUPALMA oficia de jinete, y los caballos, es decir quienes trabajan y asumen los riesgos,  son sus asociados.  

Transcribimos el artículo de manera textual. Su fidelidad histórica y su alto contenido político no amerita menos. Solamente le cambiamos el título que originalmente dice: “la libertad de los compañeros de INDUPALMA: una victoria del pueblo”, por el que encabeza este escrito.  Nos pareció una frase muy llamativa por lo que representa.

La libertad de los compañeros de INDUPALMA: Una victoria del pueblo

El 18 de diciembre de 1975, en la ciudad de Pasto, después de cuatro años cuatro meses de injusta prisión, fueron declarados inocentes y puestos en libertad cinco trabajadores, directivos del sindicato de la empresa Indupalma, víctimas de una infame persecución por parte del capital extranjero y la justicia del gobierno colombiano. Se les acusaba de un asesinato que no habían cometido. Lo que en realidad se castigaba era el haberse atrevido a enfrentar en forma valiente y sin desmayos la salvaje explotación a que son sometidos los trabajadores en nuestro país.

Una empresa que nace destilando sangre.

Al sur del departamento del Cesar, entre el río Magdalena y la cordillera, se encuentra la población de San Alberto. Región extraordinariamente fértil que, como tantas otras en nuestro país, ha sido presa del apetito voraz de los monopolios extranjeros gracias a los “buenos” oficios de intermediarios nacionales y gobiernos entreguistas.

La historia se inicia por el año 58 cuando llegan a San Alberto unos siniestros personajes. Van comisionados por el monopolio norteamericano Grasco para apoderarse de las tierras de la región. Utilizando medios que van desde el engaño y la intimidación hasta el crimen, logran despojar de sus parcelas a los campesinos.

Sobre esta tierra mal habida y regada por la sangre de muchos trabajadores humildes que cayeron por defenderla, se funda en el año 59 la Empresa Industrial Agraria “La Palma” S.A.(Indupalma), financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo los planes de la Alianza para el Progreso y perteneciente a la firma Moris Gutt, agente, como es obvio, de los monopolios norteamericanos.

Para iniciar las plantaciones de palma africana, gran productora de aceite, se trae a una firma francesa con experiencia en el Congo que con inusitada crueldad, reflejo de una mentalidad colonialista semejante a la de la United Fruit Company en la bananeras, comienza a explotar a los trabajadores según su lema: “Más vale una palma africana que la vida de un obrero colombiano”.

Explotados y traicionados.

Con una temperatura de 40 grados, más de tres mil personas laboran de sol a sol desbrozando, fumigando, cortando el fruto y transportándolo a la planta procesadora. A pesar de lo agobiante del trabajo los salarios son irrisorios; las condiciones de salud y vivienda más parecen las de una plantación de esclavos y los continuos y masivos despidos mantienen a los trabajadores en una angustiosa incertidumbre: en cualquier momento, víctimas del desalojo, pueden encontrarse con sus hijos y sus pocos bienes al borde de la carretera y la desesperación.

Pero a la empresa todo esto no le basta. Es necesario aplicar otros métodos más eficientes para aumentar sus ganancias y así, en 1965, impone el sistema de contratistas. Setecientos trabajadores son obligados a firmar un nuevo tipo de contrato a término fijo, ya no directamente con ella sino con un tercero, llamado contratista, que engancha personal y hace las veces de patrón y capataz. De esta manera arrebata a los trabajadores derechos duramente conquistados como son: el derecho a sindicalizarse, el pago de horas extras, prima, cesantía, servicios médicos. Una táctica ya conocida y que responde a las exigencias de los monopolios norteamericanos para aumentar sus ganancias a costa del trabajo, la salud y la vida del obrero colombiano, con el beneplácito de nuestros gobernantes.

Contra esta monstruosa situación un  largo y tenaz batallar ha caracterizado a los trabajadores de Induplama. En 1962 fundaron su sindicato. Dirigido inicialmente por Festra (CSTC) cayó luego en garras, de Utrasán (UTC), quien con su ya muy conocida actitud patronal, plagada de traiciones a los intereses de los trabajadores, entrega las pocas conquistas logradas y llega al colmo de pactar con la empresa en 1969 el despido del 25% anual de los trabajadores.

Esta aberrante situación llega a su fin en julio de 1.970, cuando la parte más avanzada de los trabajadores, encabezados por el compañero Víctor Manuel Moreno, derrotan a la camarilla utecista y eligen una nueva junta directiva. Se inicia desde ese mismo momento la batalla por la desafiliación de la UTC. Se logra, y el sindicato se coloca bajo la dirección del Bloque Sindical Independiente de Santander, que seguía la política de unidad revolucionaria de la clase obrera y de lucha contra las camarillas patronales y gobiernistas UTC y CTC desarrollada por el Movimiento Independiente y Revolucionario, MOIR.

La Junta Directiva del sindicato, conformada por Víctor M. Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas, después de desarrollar una intensa campaña en las bases, con la que se ganó la simpatía de los trabajadores de contratistas y el apoyo de los campesinos y colonos de la región, presentó un pliego de peticiones elaborado democráticamente. El primer punto y central del pliego exigía la abolición del infame sistema de contratistas.

La respuesta de la empresa no se hizo esperar: ciento veinte trabajadores de contratistas son despedidos, se militariza la plantación, se intenta repetidamente el soborno y el chantaje para destruir el sindicato. Por el otro lado, los trabajadores cada vez más unidos resisten en sus posiciones, organizan sus fuerzas y se preparan para la huelga.

La discusión del pliego pasa por varias etapas. La intransigencia de la compañía y sus maniobras contra el sindicato hacen imposible cualquier arreglo. Ante esta situación los trabajadores se lanzan a la huelga.

La huelga.

Esta se inició el 20 de febrero de 1.971 a las cinco de mañana. Brigadas de trabajadores se tomaron las entradas a la plantación, sellaron con la bandera nacional las puertas de las oficinas y la tesorería, dejando sin plata a los rompehuelgas que tenía preparados la compañía. Hubo algunos enfrentamientos con la tropa y el puesto militar instalados desde la fundación de la empresa con el pretexto de proteger la vida y bienes de los trabajadores, fue convertido en centro de negociaciones.

El 26 de febrero el gobierno nacional decretó el Estado de Sitio debido a la agitación desatada por el asesinato de estudiantes en Cali, perpetrado por la fuerza pública. El ejército intentó, repetida e inútilmente tomarse la plantación. Las comisiones de solidaridad enviadas por los trabajadores, fueron detenidas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Sin embargo la combatividad de la huelga y la solidaridad recibida de todos los lugares del país por la clase obrera obligaron a la empresa y al gobierno, después de 27 días de huelga, a ir a tribunal de arbitramento. El 14 de mayo se firmó un laudo arbitral.

Una infame acusación.

Pero la empresa no admitía derrotas. Desató una intensa persecución y desconoció lo aprobado en el laudo. Mil doscientos trabajadores de contratistas fueron despedidos, se efectuaron brutales desalojos, contrataron matones para intimidar a los trabajadores y a sus familias. Autoridades civiles y militares respaldaban a la empresa.

El 9 de septiembre de 1971 apareció muerto el jefe de personal. Un disparo hecho a quemarropa y en oscuras circunstancias que no fueron aclaradas, por la investigación inicial, plagada de errores y contradicciones, como si se tratara de ocultar lo que realmente sucedió, sirvió a la empresa para destruir el sindicato, acusando de la autoría intelectual del asesinato a los directivos del sindicato.

Los compañeros Víctor Manuel Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas fueron detenidos con sospechosa rapidez y conducidos a la prisión de Aguachica. Trataron de comprar a Víctor Cárdenas para que acusase a sus compañeros; al negarse éste en forma radical, fue torturado por el DAS. Estos hechos fueron denunciados posteriormente por Cárdenas en la ampliación de la indagatoria

La justicia colombiana.

Cinco trabajadores inocentes son detenidos, paseados de prisión en prisión, torturados, vejados y arruinadas sus familias. Transcurren 52 meses sin que sean llamados a juicio. Un espléndido ejemplo de la efectividad de la justicia colombiana contra el pueblo.

De Aguachica son llevados a Río de Oro y de allí a Valledupar, donde el juez, comprado por la compañía, abre un expediente torcido y malévolo, y aplaza el juicio por seis veces consecutivas durante dos años. Por esa época la agitación y la protesta pidiendo el juicio y la libertad para los presos de Indupalma es nacional. La ola de indignación que produce el atropello dentro de los sectores populares atemoriza al gobierno y a la empresa y no se atreven a realizarlo. Es mucho lo que está en juego. El juicio ya no es un juicio criminal, es un juicio político. Se enfrentan dos enemigos irreconciliables. Es el Estado intermediario y venal fusionado con el capital extranjero contra la clase trabajadora colombiana. 

En este combate la compañía no escatima medios ni dinero para engrasar los ejes y las pequeñas piezas de la maquinaria judicial a fin de ponerla a su servicio, lanzarla contra el pueblo y llenar las cárceles de trabajadores, cuyo único crimen fue levantar su voz para mejorar la vida de su clase. Desde las Bananeras hasta el caso de los trabajadores petroleros de Barranca la historia se repite. Los juececillos brincan y bailan como saltimbanquis borrachos al sonido de las monedas de la gran empresa. Las poderosas  influencias  reptan silenciosas por el Ministerio del Trabajo y otras oficinas del gobierno. Pastrana le cuelga la Cruz de Boyacá a Moris Gutt, “benefactor de la patria”.

Se aplica un régimen de terror a los trabajadores en la plantación y se le arrebata la personería jurídica al sindicato. La justicia colombiana que según reza la Constitución “es un servicio público a cargo del Estado”, se convierte en estos casos en un servicio privado pagado por las grandes empresas. Lo mismo que un guardaespaldas se alquila a un gran señor.

 Víctor M. Moreno y sus cuatro compañeros, después de permanecer dos años detenidos en Valledupar, son nuevamente trasladados. A pesar de sus componendas con la justicia del Cesar y Santander la compañía se dio cuenta que no le era posible realizar el juicio que ella deseaba, en esta región del país. Las continuas manifestaciones de protesta y la solidaridad de la clase obrera de Santander, la Costa Atlántica, Antioquía y el centro del país para con los detenidos, se lo impedían.

Hasta se llegó a publicar, en “Vanguardia Liberal” de Bucaramanga: “Se dijo extraoficialmente que la interferencia en este importante proceso proviene del grupo oposicionista MOIR, al cual pertenecen los cinco sindicados”.

Como un ladronzuelo que afanosamente busca un escondrijo para ocultar el producto de sus fechorías, el gobierno y la empresa cambiaron constantemente de sitio a los dirigentes sindicales, buscando un lugar a donde no llegara la acción de las masas trabajadoras y estudiantiles, para poder realizar impunemente el juicio y condenar a los inocentes. Pusieron sus esperanzas en el sur del país. Los compañeros fueron trasladados a Cali y luego a Pasto. Pero allí también había trabajadores y organizaciones populares que hicieron suyo el problema.

Una victoria del pueblo.

Durante los dos años que permanecieron detenidos en Pasto un interminable desfile de gente que representaba diversas organizaciones políticas consecuentes, sindicatos, asociaciones estudiantiles y campesina, periódicos y revistas de izquierda, pasó por la prisión ofreciendo apoyo y solidaridad a los detenidos. Todos los sectores democráticos de Nariño se movilizaron en su defensa. Se creó el Comité Pro–defensa de los Presos Sindicales de Indupalma que desarrolló una intensa y efectiva labor.

Después de tres aplazamientos del proceso en el juzgado de Pasto, se le agotaron las maniobras a la empresa y los detenidos fueron llamados a juicio el 17 de noviembre de 1975. Al desarrollo de la audiencia asistieron delegaciones de diversos partidos de izquierda, federaciones sindicales de todo el país y numerosas organizaciones políticas consecuentes y revolucionarias.

Los argumentos y débiles pruebas de la fiscalía y la parte civil que representaba a la empresa fueron rebatidos y destrozados cabalmente por los abogados defensores: Ricardo Villa, Jesús Solano, Antonio Segura, Arturo Guerrero, Julio Torrente y Guillermo Puyana. El veredicto del jurado confirmó por unanimidad la inocencia de estos cinco bravos luchadores del proletariado.

La noticia del fallo se extendió con rapidez extraordinaria, por toda la ciudad. Una multitudinaria y victoriosa manifestación, en la que se mezclaban todos los sectores populares, avanzó por las calles desde el juzgado hasta la plaza, llenando la ciudad con sus gritos de triunfo y la música de La Internacional, el himno del proletariado mundial. Se celebraba una victoria del pueblo contra sus opresores.

Los cinco compañeros detenidos Víctor Manuel Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas como símbolos del proletariado y de tantos otros luchadores del pueblo que aún permanecen en las mazmorras del Estado antipopular, salieron a la calle el 18 de diciembre, con la cabeza alta, sin que 52 meses de oprobio hubieran podido quebrar su moral revolucionaria ni la rectitud de sus principios, dispuestos a ocupar sus lugares en la lucha al frente de su clase y de su pueblo.