A unos pocos días de realizarse la convención nacional del Partido
Liberal, como acto preparatorio para la gran campaña electoral que se le
avecina al país en el año que viene, es
muy importante devolverle la cinta de la memoria a la nación colombiana acerca
de los actos pasados de los prohombres del liberalismo que irán a estar al
frente de este cónclave y en el que tomarán decisiones muy importantes que
pueden cambiar el rumbo de la historia del país. El director actual del Partido
Liberal es Simón Gaviria Muñoz, el delfín del ex presidente César Gaviria Trujillo,
dirigente del Partido Liberal también y quien ofició de Presidente de la nación en los años
90 al 94 del siglo pasado. No es posible que muchos que han asumido actitudes
en contra del país como lo atinente al artículo que transcribimos acá, posen
hoy como los grandes oráculos solucionadores de la aguda crisis que nos aqueja. Insistimos en aquella manida frase de que los
pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Para mí antes
que una frase de cajón puede constituir un axioma; y que es lo que le ocurre a Colombia desde
que conoce su existencia como república. Hagamos porque este país conozca su pasado para que su ignorancia no le cueste repetir su dolorosa historia. Esta publicación la tomamos
del periódico Tribuna Roja No. 56 del año de 1993.
En 1942, el gobierno de Roosevelt
le exigió al presidente Santos que autorizara la presencia de tropas
norteamericanas en Colombia. Primero Santos y después López Pumarejo, en su
segunda administración, se mostraron de acuerdo. Pero como el precepto constitucional
exigía el consentimiento de los senadores, éste ideó la artimaña de que los
documentos sólo mencionarían a las fuerzas aéreas y navales yanquis, pues el
texto de la Carta únicamente prohibía el "tránsito de tropas".
Aun cuando el turbio asunto no pasó a mayores -como sí
ocurrió en noviembre de 1903, cuando Estados Unidos, valiéndose de testaferros,
le usurpó a Colombia la región de Panamá, que aún manipulaba a sus anchas-, sí
resulta la anécdota ilustrativa de los tejemanejes altamente lesivos al interés
de la nación, que se urden tras bambalinas para dar pronto cumplimiento a los
dictados del imperio.
El arribo a Juanchaco y Bahía Málaga, a partir del 27 de
diciembre, de 150 unidades del batallón de combate pesado número 46 de Fort
Rucker, Alabama, perteneciente al cuerpo de ingenieros de la Marina y bajo el
patrocinio del Comando Sur, con sede en Panamá, a todas luces y descaradamente
pisotea la soberanía de Colombia. Al otorgar el visto bueno a la intromisión,
Gaviria da pleno respaldo a los planes colonialistas de Clinton. Se trata nada
menos que de legitimar una invasión a través de un par de memorandos suscritos
el 29 de octubre de 1993 por Rafael Pardo Rueda, ministro de Defensa, y Morris
Busby, embajador gringo. Ambos documentos, verdaderas cartas de piratería,
constituyen prueba palmaria de que Gaviria y su ministro han incurrido en
delito de lesa patria.
Los extraños sucesos que rodearon la firma de dichos
testimonios dejan al descubierto el poder absoluto del que goza el
representante diplomático de la Casa Blanca. El periodista Javier Darío
Restrepo reveló que "hubo una prolongada y agitada visita del embajador de
EU al ministro de Defensa"; y luego, "la reunión inmediata del
ministro con los altos mandos, minutos antes de su fulminante trombosis".
No es la primera vez que tropas, barcos y aviones yanquis se
pasean por territorio colombiano con patente de corso. Desde el comienzo mismo
de su cuatrienio, Gaviria autorizó el ingreso de personal militar y el
sobrevuelo de aeronaves pertenecientes a la Marina y a la Fuerza Aérea. En la
actualidad, contingentes militares norteamericanos ocupan bases e instalaciones
de radar en puntos estratégicos de la geografía nacional: una en San Andrés;
otra en el resguardo de Monochoa, Araracuara; la tercera en Barrancón, junto a
San José del Guaviare; otra en Leticia; dos en Puerto Asís y Puerto Leguízamo,
sobre el río Putumayo; ahora en Bahía Málaga, emplazamiento estratégico del
Pacífico suramericano, y varias más en algunos otros lugares, para un total de
doce, según la cifra revelada por la Washington Office for Latin America, WOLA,
citada por el periodista Germán Castro Caicedo. Se encuentran además
construyendo una base fluvial en Puerto López, Meta -centro geográfico de
Colombia, en vecindades de los enormes yacimientos de Cusiana y Cupiagua- y se
proponen erigir otra en Magangué. Luego se viene inevitablemente un indefinido
incremento de marines en los más disímiles lugares del país. Según la cifra
admitida por el Ministerio de Defensa el 11 de enero, hay 259 soldados. Pero
hay quienes afirman que el número de tales asciende por lo menos a un millar,
sin contar a los agentes de la DEA que andan como Pedro por su casa en diversas
ciudades. Su verdadero objetivo sería, según la WOLA, manejar a las fuerzas militares
y a la policía y, además, completar una infraestructura básica y de
comunicaciones controlada desde el Pentágono. A esto llama el diario El Tiempo
"hechos baladíes".
Airadas voces de condena
Los colombianos en su gran mayoría no tardaron en expresar su
vibrante condena de la intrusión, que lleva trazas de convertirse en
permanente.
Los precandidatos a la Presidencia Gabriel Melo Guevara,
Rodolfo González, Rodrigo Marín Bernal, Enrique Parejo, Navarro Wolff y Maza
Márquez hicieron público su repudio.
Hasta el expresidente Misael Pastrana envió una carta al
primer mandatario en que le expresa su inquietud porque el tránsito de tropas
se cumpliera "sin sujeción a la Constitución".
El novelista Gustavo Álvarez Gardeazábal, alcalde de Tuluá, pidió organizar comités de rechazo a la
soldadesca.
Numerosos congresistas se mostraron "sorprendidos y
consternados". El Partido Comunista y otros movimientos de oposición
dejaron también sentada su enérgica voz de protesta.
La Confederación General de Trabajadores Democráticos CGTD,
llamó a conformar un Frente por la Defensa de la Soberanía Nacional: "La
opinión sabe muy bien cómo terminan la actividades de respaldo a la democracia
que realiza Estado Unidos, desde Viet Nam, República Dominicana, Somalia y un
aterrador etcétera".
El presidente de la Asamblea Departamental del Valle, Fredy
Salas, así como varios concejales y organizaciones de Buenaventura, donde se
halla situado el balneario de Juanchaco, repudiaron el acto de agresión.
Por su parte, López Michelsen como siempre, a su manera
sibilna, buscando algo que no confiesa, respaldó a Gaviria en el argumento de
que el TIAR no tenía nada que ver en la controvertida cuestión ni había que
consultar, parlamento. Dijo: "Es lo que explica (...) que ejercicios
militare semejantes a los que se están poniendo en práctica en la actualidad,
hayan tenido ocurrencia por centenares de veces sin mayores polémicas".
Gaviria alegó que basaba su decisión en el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de 1947. Mas las versiones
oficiales han sido tan encontradas que el columnista de El Tiempo, Armando
Benedetti Jimeno, no vaciló en poner de manifiesto "los embustes y
contradicciones del presidente". El 14 de diciembre de 1993, la embajada de
Estados Unidos, antes incluso que el gobierno colombiano, anunció que en
desarrollo de un ejercicio denominado Fuertes Caminos del Sur 94, tropas
norteamericanas cumplirían labores de "asistencia cívica y
humanitaria". El 21 de diciembre, en carta de respuesta a Misael Pastrana,
el presidente Gaviria aseguró solemnemente que no había sido informado de la
misión. El 5 de enero el mismo Gaviria notificó al país que los 150 soldados y
las miles de toneladas de material servían al exclusivo propósito de construir
una escuela y un puesto de salud. El 11 de enero, el Ministerio de Defensa
admitió que los 259 soldados estaban en Colombia para combatir el narcotráfico
y la guerrilla y prestando asistencia técnica a los radares instalados en
diferentes sitios. Dos días después, el embajador colombiano en Washington,
Gabriel Silva, explicó que "el objetivo es realizar ejercicios militares
conjuntos en el área de ingeniería". El 20 de enero, Gaviria dijo que se
trataba de construir "instalaciones civiles en apoyo a la comunidad de
Juanchaco". El mismo día, el vocero del Pentágono, mayor Arnie Owens,
informó que el ejercicio "demuestra el continuado respaldo al
fortalecimiento de la democracia en Colombia" y que en ningún momento se
trata de un operativo contra los narcotraficantes. Y finalmente, el primer
magistrado habló de "operaciones, esas sí imprescindibles, para
defendernos de la criminalidad y el narcotráfico".
El Consejo de Estado no admitió ninguna de estas argucias, y
el 8 de febrero, por unanimidad,
dictaminó que las tropas se encuentran en territorio colombiano desconociendo
los requisitos previstos en la Constitución y hollando la soberanía. Y envió el
prontuario a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Procuraduría. La
nueva Carta, la de 1991, la surgida de un referendo anticonstitucional, la que
dio pábulo a la imposición de la apertura
económica, la que colmó al primer magistrado de mil facultades para
exprimir al pueblo y cercenar los derechos de los trabajadores, también se
ingenió los subterfugios para allanarle la senda en Colombia a las armas del
imperialismo yanqui. Y esto último se desprende aun de la misma interpretación
hecha por el relator de la reforma, el señor Gaviria.
Cabe agregar que dichas intervenciones vienen ocurriendo en
casi todas las naciones de América, desde el asalto a Panamá en diciembre de
1989.
Mientras Colombia entera repudia al buzo de la Casa de
Nariño, Washington lo considera su Quisling americano, viéndolo obviamente con
buenos ojos como candidato a la secretaría de la OEA. El Colombiano, de
Medellín, se interrogaba: "¿Vale la secretaría de la OEA una invasión
norteamericana?" En contraste Francisco Santos, cavila: "¿Y para qué
la soberanía?" Tal cual lo ha dicho el MOIR la lucha contra el narcotráfico
fue y es un pretexto para invadirnos. Ahora la excusa son las escuelitas y los
puestitos de salud.
Ante la farsa, acojamos el llamado de la CGTD: "Frente
por la Defensa de la Soberanía nacional".
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