viernes, 4 de julio de 2014

CONCEPCIÓN MARXISTA DEL PROBLEMA AGRARIO.

Este artículo fue publicado en el periódico del MOIR, Tribuna  Roja No.3, en Noviembre de 1971.

Habrá quien cuestione por qué se republica un artículo escrito hace 43 años. La respuesta es  que nunca ha perdido su validez histórica y que hoy más que nunca mantiene su vigencia. Las estadísticas sobre las que se basa este artículo son las del último censo nacional agropecuario realizado por el gobierno, hace precisamente 43 años. 

Puede ser que las  cifras hayan cambiado, pero relativamente las de hoy con las de hace 43 años, guardan una proporción que en nada varía la almendra de lo que aquí se plantea. En esencia las causas del  atraso en el campo de hoy no  se han modificado respecto de las de hace 43 años y más;  vayamos a los albores del nacimiento de la república. 

A los más “rojos” de la izquierda del siglo 21 se les olvidó el problema agrario colombiano  en consonancia con lo que  aquí se plantea. Están buscándole la cuadratura al círculo  tratando de inventar lo que ya está inventado. Dicen que el campesinado pobre colombiano ya no peleará por su reivindicación más sentida que es la lucha por la tierra.

Los nuevos magos de la revolución no quieren reconocer la necesidad de  redistribuir  la propiedad rural para llenar el campo colombiano de nuevos propietarios. Hablan de la masificación de los empresarios agrícolas y la proletarización del campesinado pobre, de los aparceros y de los pequeños propietarios.

Más bien algunos  tratadistas de la burguesía colombiana se han atrevido a reconocer el replanteamiento de la propiedad rural en aras de equilibrar el tremendo desajuste que allí se ha venido presentando desde hace 200 años y  agudizado aún más de hace 25 años para acá. 

Víctimas del doble yugo del imperialismo yanqui y de los terratenientes, los campesinos colombianos se debaten en la explotación, el atraso y la miseria.

Según estadísticas oficiales, un millón trescientas cincuenta mil familias campesinas poseen 6.300.000 hectáreas, mientras que 18.200 propietarios poseen 10.200.000 hectáreas, o sea que el 94.5 por ciento de los propietarios tiene el 28.6 por ciento de la tierra y el 1.3 por ciento el 46.4. Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, estos son los dos polos fundamentales de la contradicción en el campo colombiano.

Sin embargo, y de acuerdo con las mismas estadísticas, la contradicción es mucho más aguda, ya que un millón de campesinos pobres posee solamente un millón trescientas mil hectáreas. En el otro extremo de la contradicción, hay 636 grandes terratenientes poseedores de siete millones de hectáreas. En promedio, cada uno de estos grandes terratenientes posee más de 11.000 hectáreas, cuando cada familia campesina tiene menos de una hectárea y media para subsistir, sin contar los centenares de miles de asalariados agrícolas que no tienen tierra en absoluto.

Esta abismal diferencia en la posesión de la tierra perpetúa en el campo colombiano un sistema atrasado de producción basado en el sojuzgamiento y la explotación de los campesinos por parte de la minoría terrateniente. Los terratenientes mantienen al campesino en una situación de dependencia económica, lo explotan mediante las más variadas y complejas formas de servidumbre, como el pago en trabajo, en especie o en dinero. Este sistema, en esencia feudal, es causa del estancamiento de las fuerzas productivas, conserva las técnicas y procedimientos más rudimentarios de explotación de la tierra.

La tierra cultivable en Colombia son 35 millones de hectáreas, sumando las grandes extensiones de los terratenientes, los pequeños y medianos predios de los campesinos pobres y medios, las haciendas de los campesinos ricos, las propiedades y concesiones de los grandes monopolios, las sabanas comunales, los resguardos de indígenas y las posesiones estatales. De este gran total, 30 millones de hectáreas están dedicadas a ganaderías extensivas y sólo tres millones se utilizan en cultivos agrícolas. Aproximadamente 21 millones de hectáreas de las tierras ganaderas son pastos naturales. En agricultura mecanizada hay únicamente 800 mil hectáreas en las que se aplican técnicas de cultivo relativamente modernas.

El dominio del poder terrateniente en el campo colombiano entraba la producción agrícola, convirtiéndose en un aliado natural del Imperialismo Norteamericano al permitir de esta manera que el Estado oficie como comprador de excedentes agrícolas estadinenses con el perverso pretexto de que aquí no los producimos, por lo  que se debe “velar por la seguridad alimentaria” manteniendo surtidos los graneros de la nación a costa de la quiebra y la miseria del campesinado colombiano. 

LA TRABA IMPERIALISTA

Pero el sistema de explotación terrateniente no es la única causa del atraso y la miseria de los campesinos. A ésta se agrega otra que es la principal: la dominación y la explotación neocolonial del imperialismo yanqui sobre la nación colombiana. El imperialismo obtiene jugosas ganancias mediante el saqueo de los recursos naturales y materias primas del país, la venta obligada de los productos de la industria norteamericana y las inversiones del capital tanto en la ciudad como en el campo.

Los gigantescos monopolios norteamericanos no sólo despojan a Colombia de sus minerales, maderas y petróleo, sino que destinan también inversiones a la explotación de la caza y la pesca. Estos monopolios gozan de concesiones que les dan posesión sobre inmensas extensiones de tierra, de las cuales desalojan violentamente a indígenas, colonos y pequeños agricultores. Las regiones que sufren la expoliación imperialista quedan a la postre completamente arrasadas.

A través de distintos institutos de mercadeo, crédito, educación e investigación, el imperialismo ejerce un riguroso control sobre la producción agropecuaria del país. Los programas de extensión e investigación adelantados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por ejemplo, están destinados a promover la venta de semillas “mejoradas”, fertilizantes, insecticidas y todos los demás productos de los monopolios agroquímicos. Cosa semejante sucede con los programas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) orientados principalmente a colocar excedentes agrícolas y pecuarios de los Estados Unidos en el mercadeo nacional. Por intermedio de la banca oficial y demás organismos financieros el imperialismo controla y distribuye el crédito. Con estos y otros instrumentos de dominación el imperialismo yanqui estanca o destruye determinados renglones de la producción agropecuaria nacional, según le convenga a sus insaciables intereses.

Luego de la apertura de César Gaviria Trujillo de 1990, se inició el desmonte de todas las empresas estatales feriándolas a precio de gallina flaca. Uno de los sectores que ameritaba con más urgencia de esta acción  fue el agropecuario. El  INCORA luego del Pacto de Chicoral lo habían venido marchitando; el IDEMA ya no era necesario puesto que el reinado de la economía de mercado “regularía” los precios de los alimentos y la intervención estatal representaba nada más que una herejía, así en el 2013 luego del Paro Nacional Agrario el gobierno de Juan Manuel Santos le hubiere  tocado comprarle la producción  a los paperos quebrados. El ICA lo convirtieron en el correveidile de las multinacionales productoras de semillas y  pesticidas. La hoja de ninguna planta se mueve en Colombia sin el permiso  de Monsanto, por ejemplo.

El pillaje imperialista cae como pesada carga sobre el pueblo. Sólo dos clases, infinitamente minoritarias, traidoras a Colombia y enemigas del progreso, sacan beneficio en su condición de aliadas irrestrictas de los dominadores extranjeros: la gran burguesía que, empotrada en los organismos claves del Estado, participa como intermediaria en los negociados del imperialismo; y los grandes terratenientes, cuyo sistema de explotación sobre los campesinos se ve apuntalado por la dominación neocolonial.

REFORMA AGRARIA   

Desde la aprobación de la Ley 135 de 1961, que creó el INCORA, la reforma agraria en Colombia lleva 10 años de ser aplicada por los cuatro gobiernos del Frente Nacional. Ha quedado en esta década plenamente comprobada la naturaleza de la reforma agraria oficial. Una reforma hecha por el imperialismo yanqui para aumentar sus ganancias y consolidar su dominación, a la vez que estrangula la producción nacional y protege el sistema de explotación terrateniente.

Todos los programas del INCORA dependen de los préstamos de los organismos financieros imperialistas efectuados en condiciones gravosas para la economía y la soberanía del país. En turbios negocios se ha comprado a los terratenientes tierras de la peor calidad a los mejores precios. Se obliga a los campesinos “beneficiados” con los créditos a comprar productos norteamericanos y ganado a los terratenientes, hipotecándolos de por vida. Con las obras de infraestructura se adecúan y valorizan las grandes fincas. Sólo se han entregado 100.000 títulos de propiedad a los campesinos, de los cuales 90.000 corresponden a tierras de colonos. Los 10.000 restantes son contratos de venta de pequeñas parcelas con plazos hasta de 20 años. Ninguno de estos “nuevos propietarios”, ni los campesinos que reciben créditos, ni los de las llamadas “empresas comunitarias” pueden disponer libremente de la tierra.

El Frente Nacional a través del INCORA ha gastado alrededor de 7.000 millones de pesos en la reforma agraria. En realidad esta cifra es tres veces más grande, si se le suman los fondos del IDEMA, del ICA, del INDERENA y del resto de organismos estatales o semi-estatales, cuyos presupuestos también contribuyen a financiar la política oficial agraria. Las enormes erogaciones no han repercutido favorablemente en la producción agropecuaria. Por el contrario, ésta ha disminuido en relación al aumento de la población. En los últimos años Colombia ha efectuado importaciones de casi todos los productos alimenticios, desde trigo, maíz, cebada, hasta huevos y leche. Buena parte de estos productos, procedentes principalmente de los Estados Unidos y que ocasionan al país una salida constante de divisas, son materias primas que el gobierno importa y luego vende, con pérdidas, a empresas norteamericanas de alimentos instaladas en Colombia. La llamada reforma agraria “integral” es un negocio integral del imperialismo yanqui, a costa del estancamiento de la producción nacional y de la miseria del pueblo.

En 1990 cuando se inició la APERTURA gavirista se importaban 700.000 toneladas de productos agropecuarios. Para finalizar el año 2008 se estaban importando 9.800.000 toneladas. Solo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez desde que inició a 6 años después, había incrementado  las importaciones agropecuarias en tres millones de toneladas.

Otra cuestión de capital importancia para el imperialismo y las clases dominantes colombianas en su política de reforma agraria ha sido la pretensión de dirigir al campesinado mediante la creación a nivel nacional de una “organización campesina” controlada y subvencionada por el Estado.

Los más distinguidos promotores de la reforma agraria oficial, quienes no hacen más que repetir al pie de la letra, como Carlos Lleras Restrepo, las orientaciones impartidas por el imperialismo yanqui, insisten en la necesidad de una “organización de campesinos” que someta mansamente las masas rurales a los abusos de los terratenientes y de las autoridades y que colabore en el campo al estricto cumplimiento de las leyes. Para crear una organización de esa naturaleza, el Estado montó todo un aparato burocrático de funcionarios especializados y ha venido preparando “líderes” en cursos de “capacitación campesina”.

La extrema izquierda colombiana se dejó embelesar por los cantos de sirena lleristas y sus empresas comunitarias. A ellos les pareció que el mismo Estado estaba promocionando el socialismo en el campo con las tales empresas comunitarias, y soñaron que la burguesía colombiana refundaba las cooperativas agrícolas de la URSS de los años 30, en nuestro territorio. Dócilmente se pusieron al servicio del Estado comandando la ANUC, que fue la organización campesina de bolsillo promovida por los enemigos de los propios campesinos. 

REVOLUCIÓN AGRARIA    

1971 ha registrado muchas luchas de obreros y estudiantes. Sin embargo, se puede afirmar que éste es un año especialmente rico en combates campesinos.

Centenares de fincas han sido invadidas por miles de campesinos en todos los departamentos del país. Las invasiones son un rechazo categórico a la política agraria del imperialismo yanqui y sus lacayos, la prueba contundente de que esta política ha fracasado. Los campesinos, ejecutores principales de la revolución agraria, se levantan y comienzan a hacer valer su derecho de únicos y legítimos dueños de las tierras que trabajan.

Al fragor de estas primeras batallas y enarbolando la consigna de “la tierra para el que la trabaja”, los campesinos han empezado a crear sus propias organizaciones, independientes del tutelaje de las clases dominantes y conformadas por los campesinos pobres y medios.

Por experiencia propia las masas campesinas han ido descubriendo quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. Saben que los agentes del Gobierno buscan dividirlos, amarrarlos de pies y manos y entregarlos indefensos a los explotadores. Han aprendido que para emanciparse de la explotación del imperialismo y de los terratenientes tienen que librar luchas supremamente duras y largas, luchas que adquirirán las formas más elevadas. Y con la ayuda de las organizaciones proletarias han venido comprendiendo que su más íntimo amigo es la clase obrera, que la alianza obrero-campesina y la dirección obrera es la salvación y única garantía del triunfo.

De toda la situación anteriormente descrita se desprende que la lucha de los campesinos colombianos está dirigida no sólo contra la clase terrateniente sino principalmente contra el imperialismo, y hace parte entrañable de la lucha del pueblo colombiano por la liberación nacional. La lucha campesina es la esencia misma de la revolución colombiana en la presente etapa, una revolución antiimperialista y antifeudal de las amplias masas populares bajo la dirección de la clase obrera. Esta es la concepción proletaria, la concepción marxista-leninista del problema agrario, el único enfoque correcto de la realidad nacional y del desarrollo histórico de la sociedad colombiana.

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