¡FUERA TROPAS GRINGAS DE COLOMBIA!

A unos pocos días de realizarse la convención nacional del Partido Liberal, como acto preparatorio para la gran campaña electoral que se le avecina al país en el año que viene,  es muy importante devolverle la cinta de la memoria a la nación colombiana acerca de los actos pasados de los prohombres del liberalismo que irán a estar al frente de este cónclave y en el que tomarán decisiones muy importantes que pueden cambiar el rumbo de la historia del país. El director actual del Partido Liberal es Simón Gaviria Muñoz, el delfín del ex presidente César Gaviria Trujillo, dirigente del Partido Liberal también y quien ofició de Presidente de la nación en los años 90 al 94 del siglo pasado. No es posible que muchos que han asumido actitudes en contra del país como lo atinente al artículo que transcribimos acá, posen hoy como los grandes oráculos solucionadores  de la aguda crisis que nos aqueja.  Insistimos en aquella manida frase de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Para mí antes que una frase de cajón puede constituir un axioma;  y que es lo que le ocurre a Colombia desde que conoce su existencia como república. Hagamos porque este país conozca su pasado  para que su ignorancia no le  cueste repetir su dolorosa historia. Esta publicación la tomamos del periódico Tribuna Roja No. 56 del año de 1993.

En 1942, el gobierno de Roosevelt le exigió al presidente Santos que autorizara la presencia de tropas norteamericanas en Colombia. Primero Santos y después López Pumarejo, en su segunda administración, se mostraron de acuerdo. Pero como el precepto constitucional exigía el consentimiento de los senadores, éste ideó la artimaña de que los documentos sólo mencionarían a las fuerzas aéreas y navales yanquis, pues el texto de la Carta únicamente prohibía el "tránsito de tropas".

Aun cuando el turbio asunto no pasó a mayores -como sí ocurrió en noviembre de 1903, cuando Estados Unidos, valiéndose de testaferros, le usurpó a Colombia la región de Panamá, que aún manipulaba a sus anchas-, sí resulta la anécdota ilustrativa de los tejemanejes altamente lesivos al interés de la nación, que se urden tras bambalinas para dar pronto cumplimiento a los dictados del imperio.

El arribo a Juanchaco y Bahía Málaga, a partir del 27 de diciembre, de 150 unidades del batallón de combate pesado número 46 de Fort Rucker, Alabama, perteneciente al cuerpo de ingenieros de la Marina y bajo el patrocinio del Comando Sur, con sede en Panamá, a todas luces y descaradamente pisotea la soberanía de Colombia. Al otorgar el visto bueno a la intromisión, Gaviria da pleno respaldo a los planes colonialistas de Clinton. Se trata nada menos que de legitimar una invasión a través de un par de memorandos suscritos el 29 de octubre de 1993 por Rafael Pardo Rueda, ministro de Defensa, y Morris Busby, embajador gringo. Ambos documentos, verdaderas cartas de piratería, constituyen prueba palmaria de que Gaviria y su ministro han incurrido en delito de lesa patria.

Los extraños sucesos que rodearon la firma de dichos testimonios dejan al descubierto el poder absoluto del que goza el representante diplomático de la Casa Blanca. El periodista Javier Darío Restrepo reveló que "hubo una prolongada y agitada visita del embajador de EU al ministro de Defensa"; y luego, "la reunión inmediata del ministro con los altos mandos, minutos antes de su fulminante trombosis".

No es la primera vez que tropas, barcos y aviones yanquis se pasean por territorio colombiano con patente de corso. Desde el comienzo mismo de su cuatrienio, Gaviria autorizó el ingreso de personal militar y el sobrevuelo de aeronaves pertenecientes a la Marina y a la Fuerza Aérea. En la actualidad, contingentes militares norteamericanos ocupan bases e instalaciones de radar en puntos estratégicos de la geografía nacional: una en San Andrés; otra en el resguardo de Monochoa, Araracuara; la tercera en Barrancón, junto a San José del Guaviare; otra en Leticia; dos en Puerto Asís y Puerto Leguízamo, sobre el río Putumayo; ahora en Bahía Málaga, emplazamiento estratégico del Pacífico suramericano, y varias más en algunos otros lugares, para un total de doce, según la cifra revelada por la Washington Office for Latin America, WOLA, citada por el periodista Germán Castro Caicedo. Se encuentran además construyendo una base fluvial en Puerto López, Meta -centro geográfico de Colombia, en vecindades de los enormes yacimientos de Cusiana y Cupiagua- y se proponen erigir otra en Magangué. Luego se viene inevitablemente un indefinido incremento de marines en los más disímiles lugares del país. Según la cifra admitida por el Ministerio de Defensa el 11 de enero, hay 259 soldados. Pero hay quienes afirman que el número de tales asciende por lo menos a un millar, sin contar a los agentes de la DEA que andan como Pedro por su casa en diversas ciudades. Su verdadero objetivo sería, según la WOLA, manejar a las fuerzas militares y a la policía y, además, completar una infraestructura básica y de comunicaciones controlada desde el Pentágono. A esto llama el diario El Tiempo "hechos baladíes".

Airadas voces de condena

Los colombianos en su gran mayoría no tardaron en expresar su vibrante condena de la intrusión, que lleva trazas de convertirse en permanente.

Los precandidatos a la Presidencia Gabriel Melo Guevara, Rodolfo González, Rodrigo Marín Bernal, Enrique Parejo, Navarro Wolff y Maza Márquez hicieron público su repudio.

Hasta el expresidente Misael Pastrana envió una carta al primer mandatario en que le expresa su inquietud porque el tránsito de tropas se cumpliera "sin sujeción a la Constitución".

El novelista Gustavo Álvarez Gardeazábal, alcalde de Tuluá,  pidió organizar comités de rechazo a la soldadesca.

Numerosos congresistas se mostraron "sorprendidos y consternados". El Partido Comunista y otros movimientos de oposición dejaron también sentada su enérgica voz de protesta.

La Confederación General de Trabajadores Democráticos CGTD, llamó a conformar un Frente por la Defensa de la Soberanía Nacional: "La opinión sabe muy bien cómo terminan la actividades de respaldo a la democracia que realiza Estado Unidos, desde Viet Nam, República Dominicana, Somalia y un aterrador etcétera".

El presidente de la Asamblea Departamental del Valle, Fredy Salas, así como varios concejales y organizaciones de Buenaventura, donde se halla situado el balneario de Juanchaco, repudiaron el acto de agresión.

Por su parte, López Michelsen como siempre, a su manera sibilna, buscando algo que no confiesa, respaldó a Gaviria en el argumento de que el TIAR no tenía nada que ver en la controvertida cuestión ni había que consultar, parlamento. Dijo: "Es lo que explica (...) que ejercicios militare semejantes a los que se están poniendo en práctica en la actualidad, hayan tenido ocurrencia por centenares de veces sin mayores polémicas".

Gaviria alegó que basaba su decisión en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de 1947. Mas las versiones oficiales han sido tan encontradas que el columnista de El Tiempo, Armando Benedetti Jimeno, no vaciló en poner de manifiesto "los embustes y contradicciones del presidente". El 14 de diciembre de 1993, la embajada de Estados Unidos, antes incluso que el gobierno colombiano, anunció que en desarrollo de un ejercicio denominado Fuertes Caminos del Sur 94, tropas norteamericanas cumplirían labores de "asistencia cívica y humanitaria". El 21 de diciembre, en carta de respuesta a Misael Pastrana, el presidente Gaviria aseguró solemnemente que no había sido informado de la misión. El 5 de enero el mismo Gaviria notificó al país que los 150 soldados y las miles de toneladas de material servían al exclusivo propósito de construir una escuela y un puesto de salud. El 11 de enero, el Ministerio de Defensa admitió que los 259 soldados estaban en Colombia para combatir el narcotráfico y la guerrilla y prestando asistencia técnica a los radares instalados en diferentes sitios. Dos días después, el embajador colombiano en Washington, Gabriel Silva, explicó que "el objetivo es realizar ejercicios militares conjuntos en el área de ingeniería". El 20 de enero, Gaviria dijo que se trataba de construir "instalaciones civiles en apoyo a la comunidad de Juanchaco". El mismo día, el vocero del Pentágono, mayor Arnie Owens, informó que el ejercicio "demuestra el continuado respaldo al fortalecimiento de la democracia en Colombia" y que en ningún momento se trata de un operativo contra los narcotraficantes. Y finalmente, el primer magistrado habló de "operaciones, esas sí imprescindibles, para defendernos de la criminalidad y el narcotráfico".

El Consejo de Estado no admitió ninguna de estas argucias, y el 8 de febrero, por unanimidad, dictaminó que las tropas se encuentran en territorio colombiano desconociendo los requisitos previstos en la Constitución y hollando la soberanía. Y envió el prontuario a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Procuraduría. La nueva Carta, la de 1991, la surgida de un referendo anticonstitucional, la que dio pábulo a la imposición de la apertura económica, la que colmó al primer magistrado de mil facultades para exprimir al pueblo y cercenar los derechos de los trabajadores, también se ingenió los subterfugios para allanarle la senda en Colombia a las armas del imperialismo yanqui. Y esto último se desprende aun de la misma interpretación hecha por el relator de la reforma, el señor Gaviria.

Cabe agregar que dichas intervenciones vienen ocurriendo en casi todas las naciones de América, desde el asalto a Panamá en diciembre de 1989.

Mientras Colombia entera repudia al buzo de la Casa de Nariño, Washington lo considera su Quisling americano, viéndolo obviamente con buenos ojos como candidato a la secretaría de la OEA. El Colombiano, de Medellín, se interrogaba: "¿Vale la secretaría de la OEA una invasión norteamericana?" En contraste Francisco Santos, cavila: "¿Y para qué la soberanía?" Tal cual lo ha dicho el MOIR la lucha contra el narcotráfico fue y es un pretexto para invadirnos. Ahora la excusa son las escuelitas y los puestitos de salud.

Ante la farsa, acojamos el llamado de la CGTD: "Frente por la Defensa de la Soberanía nacional".

DARES Y TOMARES DE LOS ÍNTIMOS DE LA CÚPULA DE LA CLEPTOCRACIA GAVIRISTA.

Siguiendo con nuestra gestión de refrescarle la memoria a esta opinión olvidadiza, continuamos trayendo a cuento  las maromas de la familia del expresidente César Gaviria Trujillo, en la época de su mandato. Todos los hechos que se están destapando en el momento con motivo de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, son resabios y mañas que los partidos tradicionales Liberal y Conservador usan como vieja práctica para perpetuarse en el poder. César Gaviria no tuvo empacho para favorecer a su esposa, hermanos y su panda de consentidos; pasó  por encima de las normas y de la mismísima Constitución del 91 que acababa de crear. Como siempre reproducimos esta investigación aparecida en el periódico Tribuna Roja No. 54  de Septiembre de 1993. 

 No hace falta remontarse a los mitológicos saqueos del erario por parte de los dictadores militares para saber que en América Latina, por lo general, muchos presidentes llegan al poder sin un centavo y salen, junto con sus familias y cortesanos, convertidos en multimillonarios. La nueva generación neoliberal brinda abundantes ejemplos. En Brasil, Fernando Collor de Melo fue destituido por el congreso tras comprobársele gigantescos negociados al amparo del aparato estatal. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez se ve igualmente forzado a abandonar el cargo acusado de corrupción. Alan García tiene que salir a la carrera del Perú a causa de las investigaciones judiciales sobre su enriquecimiento personal; su sucesor, Alberto Fujimori, tampoco está exento de sindicaciones sobre malos manejos del presupuesto, mientras su esposa repartió a su antojo y según sus conveniencias políticas algunas donaciones internacionales de solidaridad. En Argentina, Carlos Menem coacciona a los jueces para encubrir las graves denuncias sobre lavado de dólares del narcotráfico por parte de su cuñada, Amira Yoma, quien además era jefa de audiencias de la presidencia.

En nuestro país aún está vivo el recuerdo del "Hijo del Ejecutivo", Alfonso López Michelsen, por causa de cuyos negocios su padre tuvo que renunciar a la presidencia de la República, cuando Jorge Eliécer Gaitán señalara que a él y a varios funcionarios afectos al primer mandatario se les veía "la punta del cheque de la Handel en el bolsillo". Los más recientes vástagos de la familia siguieron el ejemplo, como se recordará, con la rentable "Hacienda La Libertad". Y si bien se podrían suministrar numerosos ejemplos, el del presente gobierno resulta harto ilustrativo. 

En lo que va corrido de este año los colombianos han seguido, semana tras semana, las revelaciones del Veedor del tesoro, nombrado para preservar los dineros públicos de las prácticas del clientelismo electoral; las réplicas, las contrarréplicas, la sanción impuesta al funcionario por el Consejo Superior de la Judicatura, el levantamiento de la misma, sus nuevas denuncias. Los más diversos medios de comunicación han difundido datos sorprendentes acerca de los múltiples negocios sobre los cuales se abalanzó la familia presidencial desde el momento mismo en que fuera elegido César Gaviria Trujillo. Uno de sus hermanos se ha enriquecido con pasmosa rapidez, cubriendo fuentes de ganancias tan variadas como la construcción, el turismo, los tratos con Terpel o la industria siderúrgica; el otro promueve una revista generosamente financiada por empresas del Estado; la primera dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria, desconoce el Icetex y funda otro organismo para entregar becas según su voluntad, Colfuturo, cuya junta directiva resulta designada como vitalicia para perpetuar la clientela de los beneficiarios; el cuñado de la misma Ana Milena se hace a una sospechosa indemnización oficial y el propio presidente, en fin, se arroga el derecho de repartir los fondos de los nuevos institutos y administra las entregas directas de varias tajadas del ponqué presupuestal.

La educación, otro pretexto para desfalcar

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, encabezado por el entonces secretario general, Fabio Villegas, dio a la luz, mediante decreto expedido por la alcaldía mayor de Bogotá, la Fundación para el Futuro de Colombia, Colfuturo, el 20 de noviembre de 1991. Para el efecto solicitó, el aporte de recursos en grande escala de las empresas descentralizadas del Estado. 

Se colocó a Ana Milena de Gaviria, la ejecutiva del Ejecutivo, como responsable de la nueva entidad, con el fin de que no saliera de las manos presidenciales el manejo de los auxilios previstos. Se creó a continuación el Consejo de Fundadores integrado por los principales grupos de la gran burguesía, entre cuyos representantes se encuentran Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, Carlos Pacheco Devia, Ricardo Villaveces, Augusto López Valencia, etc. Además, estos próceres fueron nombrados a perpetuidad. No es difícil deducir que se pretende también consolidar el aparato ideológico y político del sistema, brindándole a un selecto número de egresados universitarios sendas becas para que sean preparados por las academias del imperialismo.

Colfuturo fue creada como una entidad, privada, a pesar que sus consejeros intenten hacer creer que es de naturaleza mixta, figura que no se contempla en la nueva Constitución. Y por lo tanto, los institutos descentralizados no pueden otorgarle recursos, en forma de donaciones o auxilios.

Los dineros entregados en primera instancia se discriminaron así: la Presidencia se hizo presente con ocho millones de dólares; a lo cual agregó 312 millones de pesos. A su turno, la FEN y Ecopetrol participaron con 1 y 2 millones de dólares, respectivamente. En total, los recursos tan "arduamente" obtenidos por Ana Milena de Gaviria alcanzaron una suma multimillonaria. Y al veedor le correspondió alborotar el avispero.

Al reseñar los entresijos de la creación de Colfuturo, lo primero que hizo fue circunscribirlos dentro de la danza de los despilfarros que ameniza los salones de la Presidencia de la República. Se refirió a los 69 mil millones de pesos de que dispone a su amaño el primer mandatario desde septiembre de 1992. Por su lado, la Procuraduría abrió pliego de cargos contra nueve altos funcionarios por las dadivosas donaciones a la tan socorrida asociación de doña Ana, incluido a Fabio Villegas, actual Ministro de Gobierno. Y pidió a la Fiscalía General abrir investigación al respecto. Sólo que una semana después, el mismo funcionario, sin más ni más, intentó cambiarle el rumbo a los acontecimientos y salvar a los Gaviria. Adujo que Colfuturo estaba siendo aprovechada por los políticos como campo de batalla, cuando los recursos se habían manejado de manera transparente y pulcra.

El caso desató un torrente de sindicaciones. El Espectador, por ejemplo, aludió al "duro lenguaje" empleado por Llorente y Marín Bernal. Este "calificó de extraño el silencio del presidente Gaviria sobre los hechos mencionados," Y aquél dijo que la Primera Dama "es la presidenta de una fundación que administra en forma alegre el tesoro de los Gaviria." Y el columnista de El Tiempo, D’Artagnan, cita como correcta la actitud de los directivos de Telecom, que hablaron de "la imposibilidad legal de contribuir a la constitución de Colfuturo." E inquiere: “¿No habría podido la oficina jurídica de Palacio advertir acerca de la existencia de estas limitaciones para evitar ciertas ligerezas?” Las pruebas son más que suficientes. La impunidad encubre la defraudación. Pero tarde que temprano, el pueblo enjuiciará a sus desfalcadores.

Los hermanitos de Gaviria se divierten en la feria. 

La caliginosa trayectoria del arquitecto Juan Carlos Gaviria como merodeador de las dependencias del Estado data de los días no distantes de la administración Barco, cuando su carnal iniciaba el inesperado e inexplicable ascenso hacia el Poder. Desde entonces corría a su cargo uno que otro boceto público, hasta que cayó en el fiasco del malogrado parador turístico de Cerritos, una obrilla financiada por Corturismo, y cuya deuda todavía hace parte de los pasivos suyos. Se conoce de autos que en el pago de la obligación aparecen ostensibles la morosidad y la negligencia del acreedor. Esto no resulta raro, pues la vocería presidencial en tal instituto le ha correspondido a la señora Diola Gallo, connotado miembro del grupo íntimo de la familia Gaviria y en especial de la Primera Dama.

Sin embargo, a los colombianos los impresiona la enorme actividad edificadora que actualmente despliega el doctor Juan Carlos. “Todo está normal”, “cualquier arquitecto tiene derecho” “se halla contribuyendo con la vivienda social...”, arguyen en favor de aquél los áulicos de oficio, tratando de demeritar las justas acusaciones, por tráfico de influencias. Nueve mil millones de pesos en subsidios percibidos a través del Inurbe, hablan por sí solos. Pero las anormalidades no paran ahí. Fuera de disfrutar de la tranquilidad -no de conciencia- que le proporciona el convencimiento de que todas y cada una de sus "soluciones" presentadas cuenta con el beneplácito de aquella entidad, abriéndole el panorama de jugosos negocios y eliminándole cuanto riesgo exista, los préstamos le han permitido al ávido doctor convertirse en un próspero industrial de materiales para la construcción.

Desde un principio se conocieron los sesgos de sus mañas. Con un ingenioso diseño que se sustenta fundamentalmente en dos tejas de asbesto cemento, cuatro muros y sólo calles interiores peatonales, montó para los factibles beneficiarios sus generosos planes de estafa social. En la oferta de sus conjuntos populares y en los contratos de los créditos que recibió estaba incluido, desde luego, el costo de los servicios básicos; pero a la hora de nona se lo recargaba a los usuarios, cual lo criticó la misma procuraduría. Ya en su urbanización bandera, Bosques de la Acuarela, en Desquebradas, Risaralda, se vislumbran las irregularidades. Hipotecó a Ahorramás, en junio de 1991, etapas del proyecto por un monto de 585 millones de pesos, cuando había pagado por los terrenos 42 millones. Y como reconocimiento de su avivatada lo nombraron miembro suplente de la junta directiva; de la Corporación, configurándose el hecho punible de que un integrante de ésta era a la vez un cliente suyo. Con buen juicio decía hace poco El Nuevo Siglo que por tal infracción "fueron procesados e incluso condenados en los años ochentas numerosos jerarcas bancarios."

Dentro del rosario de los azarosos lances del hermanito existen muchas cuentas por contar. Obtuvo una valiosa financiación del Banco Central Hipotecario, comprometiéndose a invertir los dineros en vivienda para pobres; no obstante, sin el menor escrúpulo, desvió el empréstito hacia un programa de lujo en la isla de San Andrés. Se trata del apartahotel Morgan Bay, de 18 cabañas y concluido en febrero de 1992. Cada una la vendió en setenta millones. Cabe subrayar un grave antecedente. El banco le había negado el crédito para semejante filón porque no era conveniente, puesto que, según la petición inicial, las cabañas serían cedidas en arrendamiento, por temporadas, y la cartera se convertiría de difícil recuperación. Los funcionarios del Banco se saltaron a la torera sus propias objeciones y la pirueta se consumó. Al fin y al cabo la definitiva estaba en las manos largas del gobierno.

El candidato conservador Rodrigo Marín Bernal y algunos órganos de expresión denunciaron, hasta el cansancio, que la cifra total con que Inurbe ha favorecido al emergente "zar del ladrillo" llega a los 35.000 millones, dejando relegados en el goce de tales provechos a consorcios como, Colmena,  Luis Carlos Sarmiento Angulo, Compartir, Cafam, etc. Ante las evidencias, el implicado replicó: “Al hermano del presidente también le puede ir bien”; y el presidente, a su turno: "El gobierno ha sido y es el primer-interesado en que la lucha contra la corrupción no sea apenas un propósito retórico, sino una verdadera cruzada."

Pero la venturosa familia, por desgracia, tiene otro célebre exponente que ya hizo sus pinitos en aquellos menesteres, el benjamín. Alejandro Gaviria empezó no con el cemento sino con la tinta. Valiéndose de los cambios gubernamentales ingresó, en calidad de socio honorario, a la Fundación Puntos Suspensivos, un modesto centro, adonde llevó sus proposiciones y con cuyos integrantes las cumplimentó, entre las cuales se destaca la revista Apertura Económica. Luego tocó a las puertas de las covachuelas del régimen, de los amigos colombianos, de los monopolios extranjeros y de los Estados vecinos, con el objeto de pedir pautas publicitarias y ofrecer sus ediciones. Por ejemplo, desplazó a los cercanos colaboradores hasta Arauca, tras la mira de venderles a las autoridades de entonces de la intendencia la idea de imprimir un estudio sobre los secretos ecológicos de la región. Por menos de mil ejemplares el intendente pagó más de diez millones de pesos. Con El Espectador elaboró un folleto, Colombia Precolombina. Una parte circuló como separatas dentro del diario y la otra se la empotró al Ministerio de Educación.

También ha ejercido la asesoría en varias empresas estatales sobre disímiles temas. Cuando un periodista lo cogió cortico preguntándole si esto era cierto, respondió: “somos consultores.”

Nada de lo anterior sucede gratuitamente. Las comilonas de la burguesía  las cancela el país.

La intervención de los organismos de justicia

Las liviandades de la familia presidencial terminaron comprometiéndola con los llamados organismos estatales de control, y entonces la opinión pública pudo conocer lo que se cocinaba tras bambalinas. Primero fue la denuncia que hizo el Veedor ante la Corte Suprema de Justicia contra el ex ministro Humberto de la Calle Lombana y su subalterno Héctor Riveros, quienes autorizaron el giro de auxilios por $ 13.988 millones en el semestre inmediatamente posterior a la promulgación de la nueva Carta, la que los prohíbe en forma explícita. Los dineros se destinaron a algunos barrios, a través del Fondo de Desarrollo Comunal, y a las tesorerías municipales bajo el rubro de “obras varias”. Pero el mayor volumen de recursos estuvo dirigido a programas de becas, algo así como a la formación de los cuadros que tratarán de perpetuar la ideología y la práctica de la dominación imperialista.

En el caso de Colfuturo también se dan las mismas anomalías alrededor de los auxilios y donaciones. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra el secretario general de la Presidencia, hoy ministro de Gobierno, Fabio Villegas; el gerente de Ecopetrol, Andrés Restrepo; el ex ministro de Minas, Luis Fernando Vergara, y contra algunos funcionarios de la Federación de Cafeteros y de la Financiera Eléctrica Nacional, por la razón de habérsele traslado cerca de 12 millones de dólares a Colfuturo -porque además de la Presidencia aportaron otras entidades oficiales-, con lo cual se viola el Art. 355 de la Constitución. Conforme a esta norma, es prohibido a las ramas del poder público efectuar transferencias pecuniarias en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, hecha la salvedad de los contratos que pueda celebrar el gobierno con entidades privadas sin ánimo de lucro, pero siempre y cuando estén acordes con los planes nacional o seccionales de desarrollo. Así fueron cogidos in fraganti;  pues Colfuturo fue creada cual entidad de derecho privado, con personería jurídica reconocida según resolución del alcalde de Bogotá del 27 de noviembre de 1991. Los 12 millones de dólares que recibió no están vinculados a ningún Plan de Desarrollo que, como es de dominio general, casi nunca ha sido aprobado, o ejecutado en Colombia.

La Presidencia tuvo que buscar una hoja de parra, recurriendo a la argucia de que Colfuturo se trata de un fondo público y privado a la vez, como ya se dijo.

Justo en ese momento, el Consejo Superior de la Judicatura pidió la destitución del Veedor, aduciendo que en las investigaciones de Colfuturo y los fondos del Icetex aquél había obrado con extralimitación de funciones. El socorrido argumento dejaba ver a las claras la orientación que quería dársele a toda la maniobra.

Sin embargo, los hechos han venido poniendo al desnudo el tinglado de la farsa, ya que legalmente las fundaciones de doble carácter ya no se permiten en Colombia. Sin otra alternativa, el Consejo de Estado, a principios de junio, declaró la nulidad del Art. 3 del decreto 777 de 1992 con el cual el Ejecutivo autorizaba la entrega de dineros a entidades privadas, mediante la celebración de contratos. Según el fallo de la corporación, se requería para ello, la vigencia del tan llevado y traído Plan Nacional de Desarrollo.

Para sofrenar al locuaz e impertinente señor de la veeduría, el Ejecutivo expidió el decreto 2093 de 1991, por medio del cual se le prohibía a aquél congelar, antes de los tres meses previos a cada elección y sin permiso del procurador, las partidas oficiales que pudieran caer en las arcas de las campañas políticas. El Consejo de Estado, también sin otra alternativa, enterró las susodichas normas. La providencia sostiene que la Carta Política no dice en ninguna parte que sea necesaria la intervención de la Procuraduría ni le fija límites en el tiempo a la gestión del Veedor.

Debido a sus descalabros, el gobierno echó mano del Consejo Superior de la Judicatura para remover al Veedor, a quien había nombrado. Y como siempre le sucedió, no tuvo otra alternativa que anular la destitución y recoger las velas.

No sobra añadir que García Hurtado expuso, en una conferencia del 22 de julio, que tampoco se sabía a donde iban a parar los intereses que generan los recursos entregados por gobiernos extranjeros para atender las catástrofes y que son puestos en contrato de fiducia. Igualmente, sin otra alternativa concluyó: “Este es uno de los gobiernos más corruptos que tiene América”.

De nuestra parte sostenemos que Gaviria y su panda se han ganado un lugar en la picota de la historia.

MÁS VALE UNA PALMA AFRICANA QUE LA VIDA DE UN OBRERO COLOMBIANO.

Más vale una palma africana que la vida de un obrero colombiano; fue el lema con el que la gran plantación de palma aceitera INDUPALMA inició labores en Colombia hace más de 50 años en la fértil región de San Alberto, Sur del Cesar.

Para apuntalar la firmeza  con que INDUPALMA quería avalar esta consigna, contrató los servicios  de una firma francesa pionera en el cultivo de la palma de aceite en el Congo, África. Épocas del colonialismo europeo  en el continente negro.

En momentos en que Colombia da un gran debate acerca de la bancarrota de los campesinos y luego de unas memorables jornadas de lucha por su parte, el gobierno trata de enredarlos comprometiéndolos en unas comisiones de diálogo de sordos,  para desmovilizar el movimiento popular.

Buscando bajarle tono a la pelea,  el Presidente ofrece una víctima propiciatoria en el altar de los sacrificios y le pide la renuncia a su ministro de agricultura. En su reemplazo nombra un hombre de la empresa privada y con mucha experiencia en los cultivos extensivos de palma africana y caucho; se trata del gerente de INDUPALMA.

Hacemos esta publicación sacada del periódico  Tribuna Roja No. 18 de Febrero de 1976, para que Colombia conozca de donde procede el nuevo Ministro de agricultura; procedencia  de la que tanto se deshizo en elogios su mandante el Presidente Santos.

Creemos que la estadía de Lizarralde el Ministro,  en INDUPALMA;  por una parte responde a las calidades clasistas del personaje que lo calificaron con generosidad para ejercer la dirección de esta empresa, y por la otra su completa sumisión a sus patrones en el arte de explotar de manera inmisericorde la mano de obra asalariada. Como que se inventó también un estilo truculento para timar a los pequeños propietarios de la región, haciéndolos copartícipes en unos negocios en los que INDUPALMA oficia de jinete, y los caballos, es decir quienes trabajan y asumen los riesgos,  son sus asociados.  

Transcribimos el artículo de manera textual. Su fidelidad histórica y su alto contenido político no amerita menos. Solamente le cambiamos el título que originalmente dice: “la libertad de los compañeros de INDUPALMA: una victoria del pueblo”, por el que encabeza este escrito.  Nos pareció una frase muy llamativa por lo que representa.

La libertad de los compañeros de INDUPALMA: Una victoria del pueblo

El 18 de diciembre de 1975, en la ciudad de Pasto, después de cuatro años cuatro meses de injusta prisión, fueron declarados inocentes y puestos en libertad cinco trabajadores, directivos del sindicato de la empresa Indupalma, víctimas de una infame persecución por parte del capital extranjero y la justicia del gobierno colombiano. Se les acusaba de un asesinato que no habían cometido. Lo que en realidad se castigaba era el haberse atrevido a enfrentar en forma valiente y sin desmayos la salvaje explotación a que son sometidos los trabajadores en nuestro país.

Una empresa que nace destilando sangre.

Al sur del departamento del Cesar, entre el río Magdalena y la cordillera, se encuentra la población de San Alberto. Región extraordinariamente fértil que, como tantas otras en nuestro país, ha sido presa del apetito voraz de los monopolios extranjeros gracias a los “buenos” oficios de intermediarios nacionales y gobiernos entreguistas.

La historia se inicia por el año 58 cuando llegan a San Alberto unos siniestros personajes. Van comisionados por el monopolio norteamericano Grasco para apoderarse de las tierras de la región. Utilizando medios que van desde el engaño y la intimidación hasta el crimen, logran despojar de sus parcelas a los campesinos.

Sobre esta tierra mal habida y regada por la sangre de muchos trabajadores humildes que cayeron por defenderla, se funda en el año 59 la Empresa Industrial Agraria “La Palma” S.A.(Indupalma), financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo los planes de la Alianza para el Progreso y perteneciente a la firma Moris Gutt, agente, como es obvio, de los monopolios norteamericanos.

Para iniciar las plantaciones de palma africana, gran productora de aceite, se trae a una firma francesa con experiencia en el Congo que con inusitada crueldad, reflejo de una mentalidad colonialista semejante a la de la United Fruit Company en la bananeras, comienza a explotar a los trabajadores según su lema: “Más vale una palma africana que la vida de un obrero colombiano”.

Explotados y traicionados.

Con una temperatura de 40 grados, más de tres mil personas laboran de sol a sol desbrozando, fumigando, cortando el fruto y transportándolo a la planta procesadora. A pesar de lo agobiante del trabajo los salarios son irrisorios; las condiciones de salud y vivienda más parecen las de una plantación de esclavos y los continuos y masivos despidos mantienen a los trabajadores en una angustiosa incertidumbre: en cualquier momento, víctimas del desalojo, pueden encontrarse con sus hijos y sus pocos bienes al borde de la carretera y la desesperación.

Pero a la empresa todo esto no le basta. Es necesario aplicar otros métodos más eficientes para aumentar sus ganancias y así, en 1965, impone el sistema de contratistas. Setecientos trabajadores son obligados a firmar un nuevo tipo de contrato a término fijo, ya no directamente con ella sino con un tercero, llamado contratista, que engancha personal y hace las veces de patrón y capataz. De esta manera arrebata a los trabajadores derechos duramente conquistados como son: el derecho a sindicalizarse, el pago de horas extras, prima, cesantía, servicios médicos. Una táctica ya conocida y que responde a las exigencias de los monopolios norteamericanos para aumentar sus ganancias a costa del trabajo, la salud y la vida del obrero colombiano, con el beneplácito de nuestros gobernantes.

Contra esta monstruosa situación un  largo y tenaz batallar ha caracterizado a los trabajadores de Induplama. En 1962 fundaron su sindicato. Dirigido inicialmente por Festra (CSTC) cayó luego en garras, de Utrasán (UTC), quien con su ya muy conocida actitud patronal, plagada de traiciones a los intereses de los trabajadores, entrega las pocas conquistas logradas y llega al colmo de pactar con la empresa en 1969 el despido del 25% anual de los trabajadores.

Esta aberrante situación llega a su fin en julio de 1.970, cuando la parte más avanzada de los trabajadores, encabezados por el compañero Víctor Manuel Moreno, derrotan a la camarilla utecista y eligen una nueva junta directiva. Se inicia desde ese mismo momento la batalla por la desafiliación de la UTC. Se logra, y el sindicato se coloca bajo la dirección del Bloque Sindical Independiente de Santander, que seguía la política de unidad revolucionaria de la clase obrera y de lucha contra las camarillas patronales y gobiernistas UTC y CTC desarrollada por el Movimiento Independiente y Revolucionario, MOIR.

La Junta Directiva del sindicato, conformada por Víctor M. Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas, después de desarrollar una intensa campaña en las bases, con la que se ganó la simpatía de los trabajadores de contratistas y el apoyo de los campesinos y colonos de la región, presentó un pliego de peticiones elaborado democráticamente. El primer punto y central del pliego exigía la abolición del infame sistema de contratistas.

La respuesta de la empresa no se hizo esperar: ciento veinte trabajadores de contratistas son despedidos, se militariza la plantación, se intenta repetidamente el soborno y el chantaje para destruir el sindicato. Por el otro lado, los trabajadores cada vez más unidos resisten en sus posiciones, organizan sus fuerzas y se preparan para la huelga.

La discusión del pliego pasa por varias etapas. La intransigencia de la compañía y sus maniobras contra el sindicato hacen imposible cualquier arreglo. Ante esta situación los trabajadores se lanzan a la huelga.

La huelga.

Esta se inició el 20 de febrero de 1.971 a las cinco de mañana. Brigadas de trabajadores se tomaron las entradas a la plantación, sellaron con la bandera nacional las puertas de las oficinas y la tesorería, dejando sin plata a los rompehuelgas que tenía preparados la compañía. Hubo algunos enfrentamientos con la tropa y el puesto militar instalados desde la fundación de la empresa con el pretexto de proteger la vida y bienes de los trabajadores, fue convertido en centro de negociaciones.

El 26 de febrero el gobierno nacional decretó el Estado de Sitio debido a la agitación desatada por el asesinato de estudiantes en Cali, perpetrado por la fuerza pública. El ejército intentó, repetida e inútilmente tomarse la plantación. Las comisiones de solidaridad enviadas por los trabajadores, fueron detenidas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Sin embargo la combatividad de la huelga y la solidaridad recibida de todos los lugares del país por la clase obrera obligaron a la empresa y al gobierno, después de 27 días de huelga, a ir a tribunal de arbitramento. El 14 de mayo se firmó un laudo arbitral.

Una infame acusación.

Pero la empresa no admitía derrotas. Desató una intensa persecución y desconoció lo aprobado en el laudo. Mil doscientos trabajadores de contratistas fueron despedidos, se efectuaron brutales desalojos, contrataron matones para intimidar a los trabajadores y a sus familias. Autoridades civiles y militares respaldaban a la empresa.

El 9 de septiembre de 1971 apareció muerto el jefe de personal. Un disparo hecho a quemarropa y en oscuras circunstancias que no fueron aclaradas, por la investigación inicial, plagada de errores y contradicciones, como si se tratara de ocultar lo que realmente sucedió, sirvió a la empresa para destruir el sindicato, acusando de la autoría intelectual del asesinato a los directivos del sindicato.

Los compañeros Víctor Manuel Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas fueron detenidos con sospechosa rapidez y conducidos a la prisión de Aguachica. Trataron de comprar a Víctor Cárdenas para que acusase a sus compañeros; al negarse éste en forma radical, fue torturado por el DAS. Estos hechos fueron denunciados posteriormente por Cárdenas en la ampliación de la indagatoria

La justicia colombiana.

Cinco trabajadores inocentes son detenidos, paseados de prisión en prisión, torturados, vejados y arruinadas sus familias. Transcurren 52 meses sin que sean llamados a juicio. Un espléndido ejemplo de la efectividad de la justicia colombiana contra el pueblo.

De Aguachica son llevados a Río de Oro y de allí a Valledupar, donde el juez, comprado por la compañía, abre un expediente torcido y malévolo, y aplaza el juicio por seis veces consecutivas durante dos años. Por esa época la agitación y la protesta pidiendo el juicio y la libertad para los presos de Indupalma es nacional. La ola de indignación que produce el atropello dentro de los sectores populares atemoriza al gobierno y a la empresa y no se atreven a realizarlo. Es mucho lo que está en juego. El juicio ya no es un juicio criminal, es un juicio político. Se enfrentan dos enemigos irreconciliables. Es el Estado intermediario y venal fusionado con el capital extranjero contra la clase trabajadora colombiana. 

En este combate la compañía no escatima medios ni dinero para engrasar los ejes y las pequeñas piezas de la maquinaria judicial a fin de ponerla a su servicio, lanzarla contra el pueblo y llenar las cárceles de trabajadores, cuyo único crimen fue levantar su voz para mejorar la vida de su clase. Desde las Bananeras hasta el caso de los trabajadores petroleros de Barranca la historia se repite. Los juececillos brincan y bailan como saltimbanquis borrachos al sonido de las monedas de la gran empresa. Las poderosas  influencias  reptan silenciosas por el Ministerio del Trabajo y otras oficinas del gobierno. Pastrana le cuelga la Cruz de Boyacá a Moris Gutt, “benefactor de la patria”.

Se aplica un régimen de terror a los trabajadores en la plantación y se le arrebata la personería jurídica al sindicato. La justicia colombiana que según reza la Constitución “es un servicio público a cargo del Estado”, se convierte en estos casos en un servicio privado pagado por las grandes empresas. Lo mismo que un guardaespaldas se alquila a un gran señor.

 Víctor M. Moreno y sus cuatro compañeros, después de permanecer dos años detenidos en Valledupar, son nuevamente trasladados. A pesar de sus componendas con la justicia del Cesar y Santander la compañía se dio cuenta que no le era posible realizar el juicio que ella deseaba, en esta región del país. Las continuas manifestaciones de protesta y la solidaridad de la clase obrera de Santander, la Costa Atlántica, Antioquía y el centro del país para con los detenidos, se lo impedían.

Hasta se llegó a publicar, en “Vanguardia Liberal” de Bucaramanga: “Se dijo extraoficialmente que la interferencia en este importante proceso proviene del grupo oposicionista MOIR, al cual pertenecen los cinco sindicados”.

Como un ladronzuelo que afanosamente busca un escondrijo para ocultar el producto de sus fechorías, el gobierno y la empresa cambiaron constantemente de sitio a los dirigentes sindicales, buscando un lugar a donde no llegara la acción de las masas trabajadoras y estudiantiles, para poder realizar impunemente el juicio y condenar a los inocentes. Pusieron sus esperanzas en el sur del país. Los compañeros fueron trasladados a Cali y luego a Pasto. Pero allí también había trabajadores y organizaciones populares que hicieron suyo el problema.

Una victoria del pueblo.

Durante los dos años que permanecieron detenidos en Pasto un interminable desfile de gente que representaba diversas organizaciones políticas consecuentes, sindicatos, asociaciones estudiantiles y campesina, periódicos y revistas de izquierda, pasó por la prisión ofreciendo apoyo y solidaridad a los detenidos. Todos los sectores democráticos de Nariño se movilizaron en su defensa. Se creó el Comité Pro–defensa de los Presos Sindicales de Indupalma que desarrolló una intensa y efectiva labor.

Después de tres aplazamientos del proceso en el juzgado de Pasto, se le agotaron las maniobras a la empresa y los detenidos fueron llamados a juicio el 17 de noviembre de 1975. Al desarrollo de la audiencia asistieron delegaciones de diversos partidos de izquierda, federaciones sindicales de todo el país y numerosas organizaciones políticas consecuentes y revolucionarias.

Los argumentos y débiles pruebas de la fiscalía y la parte civil que representaba a la empresa fueron rebatidos y destrozados cabalmente por los abogados defensores: Ricardo Villa, Jesús Solano, Antonio Segura, Arturo Guerrero, Julio Torrente y Guillermo Puyana. El veredicto del jurado confirmó por unanimidad la inocencia de estos cinco bravos luchadores del proletariado.

La noticia del fallo se extendió con rapidez extraordinaria, por toda la ciudad. Una multitudinaria y victoriosa manifestación, en la que se mezclaban todos los sectores populares, avanzó por las calles desde el juzgado hasta la plaza, llenando la ciudad con sus gritos de triunfo y la música de La Internacional, el himno del proletariado mundial. Se celebraba una victoria del pueblo contra sus opresores.

Los cinco compañeros detenidos Víctor Manuel Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas como símbolos del proletariado y de tantos otros luchadores del pueblo que aún permanecen en las mazmorras del Estado antipopular, salieron a la calle el 18 de diciembre, con la cabeza alta, sin que 52 meses de oprobio hubieran podido quebrar su moral revolucionaria ni la rectitud de sus principios, dispuestos a ocupar sus lugares en la lucha al frente de su clase y de su pueblo.